El presidente municipal de Acaponeta, Manuel Salcedo, aclaró su postura luego de que el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) lo señalara como el único alcalde que no ha pagado el impuesto universitario.
Salcedo explicó que su administración no ha retenido ni un solo peso del impuesto del 12% a la UAN, ya que, desde 2023, existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide a los municipios aplicar este cobro a los ciudadanos sin su consentimiento.
“No se vale desinformar, la gente debe saber la verdad”
El alcalde dejó en claro que no está en contra de la Universidad, de la cual es egresado, pero que su responsabilidad es con el pueblo de Acaponeta. “Nosotros acatamos lo que dicta la ley y, sobre todo, lo que protege los derechos humanos. No hemos cobrado el impuesto desde 2023, tampoco en 2024 ni en lo que va del 2025”, precisó.
Salcedo señaló que el impuesto no se destina a nómina ni a la educación directa, sino a infraestructura universitaria, y que el fallo de la Suprema Corte surgió después de que ciudadanos impugnaran el aumento del predial sin consulta pública. “No podemos imponer un cobro sin que la gente tenga derecho a decidir”, afirmó.
El edil lamentó las declaraciones del presidente del Patronato de la UAN, pues considera que dañan la imagen de su administración. “Si hay una intención política detrás, que lo digan abiertamente. Pero no se vale desinformar y hacer creer que Acaponeta está reteniendo un dinero que ni siquiera hemos cobrado”, enfatizó.
Asimismo, planteó la posibilidad de establecer un esquema de aportaciones voluntarias para que quienes deseen contribuir al fondo universitario lo hagan de manera transparente.
El alcalde adelantó que la decisión de no cobrar el impuesto universitario podría repetirse en los próximos años, pues considera que la controversia está lejos de resolverse. “Lo que hizo la Suprema Corte fue proteger un derecho, y eso está por encima de cualquier otra ley”, concluyó.
Por ahora, el debate sigue abierto entre las autoridades municipales, el Patronato de la UAN y la ciudadanía, mientras se busca una solución que concilie el respeto a la ley con el apoyo a la educación en Nayarit.