En un encuentro organizado por Jóvenes y Sociedad Civil de Nayarit, el joven activista Junior Antonio González Pérez se pronunció a favor de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la reunión, que se llevó a cabo tras una convocatoria difundida a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, González destacó la importancia de que los jóvenes se informen y formen su propia convicción sobre este trascendental cambio en el país.
González Pérez subrayó la necesidad de un cambio radical en el sistema judicial, criticando el actual proceso de selección de jueces, magistrados y ministros, al que calificó como “dedazo”. En contraste, la reforma propone un proceso más democrático donde el pueblo mexicano tendría un papel fundamental en la elección de estos funcionarios.
“El pueblo debe decidir quién impartirá justicia, no los partidos políticos”, afirmó González, refiriéndose a la falsa idea de que los jueces serán impuestos por partidos. Aclaró que los candidatos deben cumplir con estrictos requisitos, como poseer un título universitario en derecho, tener experiencia profesional en el área y pasar por un proceso de evaluación riguroso antes de ser considerados por los tres poderes de gobierno y, finalmente, por el Senado de la República.
El activista también abordó las preocupaciones sobre la posibilidad de corrupción en este proceso, asegurando que la intervención de los tres poderes y la supervisión del Senado serán clave para garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de compra de candidaturas.
“México necesita un cambio político, social y cultural, y esta reforma es un paso importante hacia la democracia que tanto necesitamos”, afirmó González, manifestando su fe en la capacidad del pueblo mexicano para transformar el país.
El evento, que reunió a jóvenes, adultos y miembros de la sociedad civil, reflejó el creciente interés de la ciudadanía por participar activamente en los cambios que están moldeando el futuro de México. Según González Pérez, este movimiento no solo busca un cambio en la estructura del poder judicial, sino también una transformación profunda en la conciencia cívica y política de los mexicanos.
