En una preocupante situación que afecta a cientos de familias en Nayarit, Manuel Fonseca Altamirano, director del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY), ha revelado la existencia de aproximadamente 60 fraccionamientos irregulares detectados en diversas zonas del estado, principalmente en Tepic, Xalisco y Bahía de Banderas. Estos fraccionamientos, promovidos por desarrolladores ilegales, han generado serios problemas legales y económicos para quienes adquirieron terrenos sin contar con la certeza jurídica necesaria.
Fonseca Altamirano explicó que en áreas como La Cantera, han surgido denuncias de personas afectadas por estos fraccionamientos ilegales, donde se han vendido terrenos que en realidad no cuentan con la documentación adecuada para ser fraccionados. “Lamentablemente, hemos detectado fraudes en la venta de terrenos que legalmente no pueden ser subdivididos. Estos fraccionamientos, en algunos casos ya vendidos por completo, carecen de certidumbre jurídica, lo que deja a los compradores en una situación de vulnerabilidad”, comentó.
El director de IPROVINAY destacó que la institución está trabajando en la creación de un padrón de fraccionamientos legales que estará disponible en una plataforma digital. Esta iniciativa permitirá a los ciudadanos verificar la legalidad de un fraccionamiento antes de adquirir un terreno, evitando así ser víctimas de fraude. “Estamos promoviendo este padrón junto con el Periódico Oficial del Estado, para que las personas puedan acceder a esta información y sepan dónde es seguro invertir”, explicó.
Fonseca Altamirano también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier irregularidad en la compra de terrenos, especialmente en áreas comunes como El Armadillo y zonas de la Cantera, donde estas prácticas ilegales son más frecuentes. “Es importante que la gente esté informada y que denuncie cuando se les vende un terreno sin las condiciones legales adecuadas”, añadió.
El funcionario reveló que, tras diversas denuncias, el gobierno estatal ha logrado recuperar recursos para las familias afectadas. “Hace aproximadamente un año, detectamos una asociación que promovía la venta de unos 5,000 lotes en La Cantera. Tras presentar las denuncias, logramos que las familias comenzaran a recibir sus recursos invertidos a través de un acuerdo reparatorio”, informó.
Finalmente, Fonseca Altamirano subrayó que, aunque algunos desarrolladores podrían actuar sin intención de perjudicar, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Por ello, IPROVINAY continuará trabajando para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información clara y verificada sobre dónde invertir de manera segura.
