Tepic, Nayarit, 21 de noviembre de 2024. Durante la sesión del Congreso del Estado, los abogados defensores del magistrado Rodrigo Benítez Pérez presentaron un extenso argumento en contra de la declaratoria de procedencia para su desafuero, solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). Señalaron que el procedimiento presenta graves irregularidades legales y pidieron al pleno del Congreso que rechace el dictamen.
Principales argumentos de la defensa
Los abogados afirmaron que el procedimiento para el desafuero viola principios constitucionales y normativos, argumentando que la Fiscalía General del Estado no fue informada ni consultada sobre los delitos del orden común que derivan de la investigación. Asimismo, cuestionaron la interpretación constitucional realizada por la Comisión Instructora del Congreso, señalando que se está distorsionando el sentido de los artículos constitucionales involucrados.
“La Constitución es clara respecto a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para este tipo de procedimientos. Lo que aquí se está haciendo es una interpretación arbitraria que no respeta el texto constitucional ni las competencias asignadas,” argumentó la defensa.
Además, señalaron que la FGR ha retenido información clave de la investigación, lo que afecta el debido proceso y genera incertidumbre sobre la legitimidad de la solicitud de desafuero. Resaltaron que existe un amparo en proceso (1351-2024) admitido en Puente Grande, Jalisco, lo que evidencia las posibles violaciones legales en este caso.
Críticas al procedimiento
Los abogados cuestionaron que el Congreso local pretenda actuar como órgano jurisdiccional, a pesar de que el dictamen del caso admite que no tiene esta función. También señalaron que los agentes del Ministerio Público han incurrido en una interpretación errónea y parcial de las leyes federales y locales.
“No estamos defendiendo la impunidad, sino el cumplimiento de la Constitución. Cualquier decisión que violente este principio se traducirá en un acto inconstitucional que vulnera los derechos de nuestro defendido,” añadieron.
Rechazo a declaraciones previas
La defensa criticó a la Fiscalía por prejuzgar al magistrado como probable responsable antes de que se haya concluido el procedimiento. Argumentaron que esta postura contradice el sistema penal acusatorio y los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
Llamado al Congreso
En su cierre, los abogados pidieron a los legisladores no aprobar el dictamen que permitiría el desafuero del magistrado, asegurando que el procedimiento está viciado desde su origen. “Solicitamos que se respeten los principios constitucionales y que no se avale un proceso que claramente está diseñado para violentar los derechos de nuestro defendido,” concluyeron.
El Congreso del Estado decidirá en los próximos días si avala o no la procedencia del desafuero, en un caso que ha generado polémica y división entre los actores políticos y jurídicos de Nayarit.
