Tepic, Nayarit, 21 de noviembre de 2024. Con 24 votos a favor y 6 abstenciones, el pleno del Congreso del Estado de Nayarit aprobó el decreto que declara procedente el desafuero del magistrado Rodrigo Benítez Pérez, quien a partir de este momento queda suspendido de sus funciones como integrante del Poder Judicial del Estado. La decisión permitirá que la Fiscalía General de la República (FGR) avance en las investigaciones en su contra por su presunta implicación en delitos relacionados con desaparición forzada.
En ejercicio de su potestad constitucional y legislativa como Gran Jurado, el Congreso resolvió el dictamen emitido por la Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora, en el Procedimiento de Declaración de Procedencia PDP-CE-01-1. Este procedimiento fue presentado por los agentes del Ministerio Público de la Federación, María Isabel Guerrero López y Abrán Francisco Launizar Sánchez, adscritos a la Fiscalía Especial en investigación de los delitos de desaparición forzada de la FGR.
Un proceso histórico y polémico
El caso del magistrado Rodrigo Benítez Pérez ha generado gran controversia debido a las acusaciones en su contra y a los señalamientos de irregularidades presentados por su defensa. Los abogados del magistrado argumentaron violaciones al debido proceso, pero los legisladores respaldaron la declaratoria de procedencia, habilitando a las autoridades judiciales para continuar con las acciones legales.
Próximos pasos
Con la aprobación del decreto, Benítez Pérez queda separado de su cargo como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. La FGR, a través de su Fiscalía Especial, podrá avanzar en las investigaciones por desaparición forzada, garantizando que el proceso judicial se lleve a cabo sin la protección del fuero constitucional.
El presidente de la Mesa Directiva, Salvador Castañeda Rangel, destacó la importancia de este tipo de resoluciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el estado. La resolución marca un precedente en la lucha contra la impunidad, al tiempo que refuerza el compromiso del Congreso de Nayarit con la justicia y el respeto a los derechos humanos.
