En un fallo que marcará un antes y un después en el sistema judicial de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente la acción de inconstitucionalidad parcial presentada en contra de la reciente reforma judicial, consolidando así la validez de la normativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma, que introduce la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, ha sido tema de debate y controversia tanto en círculos políticos como académicos.
La reforma, defendida por el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, fue sometida a discusión en la SCJN. Sin embargo, la mayoría de los ministros rechazaron su propuesta de invalidar la disposición de elección popular, allanando el camino para la implementación del cambio. Esta decisión refuerza la posición del gobierno de Sheinbaum, quien ha insistido en que la medida es un paso hacia la democratización y transparencia del Poder Judicial.
El fallo ha generado reacciones mixtas. Mientras que la presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción, destacando que “la reforma fortalecerá la democracia y la transparencia en el Poder Judicial”, críticos señalan los riesgos de una posible politización del sistema. Expertos advierten que la independencia judicial podría verse comprometida si los jueces y magistrados se enfocan más en la popularidad que en los méritos y conocimientos técnicos.
La reforma ha encontrado un fuerte respaldo ciudadano. Según la última encuesta de Mendoza Blanco & Asociados, el 64% de la población apoya la elección de jueces y magistrados por voto popular, reflejando un deseo por un sistema más representativo. Sin embargo, opositores al cambio argumentan que, sin una estructura sólida para garantizar la imparcialidad y la formación de los candidatos, los retos podrían superar los beneficios.
Con esta decisión de la SCJN, la reforma judicial se consolida como una realidad en México, iniciando una nueva etapa en la que los ciudadanos tendrán voz directa en la elección de quienes imparten justicia. El país se enfrenta ahora al desafío de implementar este cambio de manera que fortalezca las instituciones sin sacrificar su integridad ni su independencia. La observación cuidadosa del desarrollo y los resultados de esta medida será crucial para evaluar su impacto en la confianza del público y en el funcionamiento del sistema judicial mexicano.
