En Bahía de Banderas, Nayarit, una serie de eventos encadenados ha alterado significativamente el panorama político local, iniciando con un acto que, a primera vista, parecía rutinario pero estaba cargado de implicaciones futuras. Justo antes de que la alcaldesa Mirtha Villalvazo anunciara su licencia, un ajetreo inusual tomó por sorpresa al Ayuntamiento: computadoras y documentos importantes eran retirados apresuradamente, lo que despertó sospechas sobre intentos de ocultar información antes de la transición a un nuevo liderazgo interino.
Esta maniobra precedió a una sesión extraordinaria del Cabildo, donde, bajo la supervisión del regidor Antonio Plácito y en ausencia de Villalvazo, se concedió de manera unánime la licencia solicitada por la alcaldesa, efectiva a partir del 3 de marzo de 2024. Lo notable de esta sesión fue que Villalvazo, junto con otros siete miembros del cabildo y varios delegados municipales, solicitaban estas licencias con el fin específico de buscar la reelección en sus respectivos cargos. Este detalle clave revela una estrategia política deliberada, más que las preocupaciones administrativas o legales previamente insinuadas.
La trama se complicó aún más con la intervención de la Fiscalía, que citó a Villalvazo para comparecer ante posibles investigaciones de corrupción, marcando un punto crítico en su carrera y en la percepción pública sobre su gestión. La alcaldesa fue advertida de una multa en caso de no presentarse antes del 4 de marzo, añadiendo presión a una situación ya tensa.
Además, la Fiscalía llevó a cabo un operativo para catear lo que fue la residencia de Villalvazo, indicativo de la seriedad de las acusaciones en su contra. Este hecho, combinado con el conocimiento de que Villalvazo había cambiado de domicilio varias veces en meses recientes, sugiere una posible estrategia para evadir el escrutinio público y legal.
Estos eventos en Bahía de Banderas han desatado una serie de interrogantes sobre la transparencia y la integridad de la gestión saliente. La retirada apresurada de documentos y equipos del Ayuntamiento, la solicitud colectiva de licencias para reelección, y las acciones legales en curso, configuran un escenario de incertidumbre política y legal. Este conjunto de acciones no solo refleja las complejidades del proceso electoral y las investigaciones de corrupción en la región, sino que también subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La comunidad de Bahía de Banderas se encuentra ahora ante el desafío de navegar estas turbulentas aguas políticas, buscando claridad y justicia en el proceso.
